Poco antes de cumplirse el horario acordado para retomar la sesión en la Legislatura porteña, destinada a tratar los cambios al Código Urbanístico, el bloque del oficialismo que responde a Jorge Macri informó que finalmente no será incluida la obligatoriedad de que los edificios cuenten con una vivienda para los encargados, tras el rechazo de la gran mayoría de las bancadas a la propuesta.

La sesión había comenzado pasadas las 12, pero los diputados no trataron ningún expediente ya que, enseguida, se abrió un cuarto intermedio hasta las 16 –que luego se extendió a las 17.30– para que pudieran analizar la última redacción del proyecto que contempla modificaciones al código que regula qué se construye en la Capital y en dónde.

El expediente está en debate en el Parlamento porteño desde hace casi dos meses en la Comisión de Planeamiento Urbano, desde donde el viernes fue despachado para su tratamiento en la sesión ordinaria de este jueves. El texto tuvo cambios respecto de algunos articulados que, con matices, contaban con los votos necesarios para su aprobación por 31 votos en primera lectura.

Sin embargo, esta mañana llegó a las casillas de correo de los diputados una última versión en la que aparecía un nuevo artículo que disparó una fuerte polémica: establecía que en los edificios que cuenten con “25 o más unidades de uso a vivienda colectiva” era obligatorio destinar uno de los departamentos para el encargado de la portería.

La disposición para que haya en los edificios una vivienda para el encargado había sido eliminada en 2018, cuando la Legislatura sancionó un nuevo Código Urbanístico, hoy vigente. Desde entonces, no rige la obligatoriedad, sino que es optativo.

La legisladora Graciela Ocaña (Confianza Pública) dijo a LA NACION: “Este artículo es un escándalo. Es invotable, porque se vuelve a castigar a la clase media para defender intereses sectoriales y privilegios que la sociedad ha dicho que no”.

Desde la UCR, Manuela Thourte, presidenta del bloque, coincidió en que “esto es perjudicial para la mayoría de los vecinos de la ciudad porque encarece muchísimos las expensas, por lo que decimos que no estamos de acuerdo”. La Coalición Cívica, a través del diputado Facundo Del Gaiso, también anticipó su rechazo. Y sumaron la negativa desde La Libertad Avanza y del Frente Liberal Republicano.

Poco antes de las 16, autoridades del bloque oficialista de Vamos por Más anticiparon a LA NACION que “en el dictamen que se va a votar no hay ningún artículo referido a nada que tenga que ver con las vivienda de los encargados de edificios”. Aclararon que “la propuesta nació del PJ” y que “jamás” tuvo la aceptación desde el oficialismo en las conversaciones previas a la sesión.

Fuentes parlamentarias que presenciaron los intercambios de los últimos días señalaron, sin embargo, que el pedido del PJ fue parte de la discusión que se dio en los despachos de los principales referentes políticos de peso en la Legislatura, pero que ante la ola de cuestionamientos quedó descartada de plano.

También, atribuyeron el intento por incorporar el artículo a la relación cercana que mantiene el secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y dirigente peronista, Víctor Santa María, con PRO. El vínculo viene desde el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad, prosiguió con Horacio Rodríguez Larreta y perduraría con la gestión del primo del expresidente.

Allí aparecen como antecedentes de votaciones en la Legislatura de proyectos que fueron considerados clave para las sucesivas administraciones porteñas y tuvieron el acompañamiento del PJ, como la venta de terrenos ferroviarios, ampliaciones de presupuesto y la enajenación del edificio del Mercado del Plata.

Cuestionamientos

Pilar Ramírez, del bloque La Libertad Avanza, acusó al gobierno porteño de “acordar con la casta sindical del kirchnerismo a costa de los vecinos”. Y agregó en sus redes sociales: “Pretenden que hoy votemos el nuevo Código Urbanístico, donde se incluye una normativa que obliga a los nuevos edificios a tener vivienda para el encargado. ¿Cómo se traduce esto en la vida diaria de los porteños? Más gastos, menos capacidad de decidir y construcciones más caras. Ni lo sueñen. En la ciudad, la libertad avanza”.

Desde el Frente Liberal Republicano, la diputada Marina Kienast sumó su negativa al manifestar que “el vecino tiene que tener la libertad de elegir” y señaló que la norma que contempla la obligatoriedad “atenta contra la propiedad privada y aumenta los costos de construcción. Los residentes son los que tienen que decidir esto, no el Estado”.

El legislador Juan Pablo Arenaza, que responde a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, sostuvo que “de ninguna manera” acompañarán el artículo en cuestión. “Es una lucha histórica del Pro trabajar para bajar el costo de los edificios que son la vivienda mayoritaria de los porteños”, destacó.

A través de una publicación en redes sociales, la titular de la cartera de Seguridad pidió “¡Coherencia por favor! Bien por Juan Pablo Arenaza, que no acepta los pactos corporativos”.

El polémico artículo comenzó a ser nombrado por los diputados que lo objetan como “la ley Francella”, en alusión al actor Guillermo Francella que protagoniza la serie El encargado, en la que personifica a un trabajador a cargo de la portería de un edificio. Paradójicamente, varios de los capítulos fueron grabados en 2023 en las instalaciones de la Legislatura, incluido el recinto.

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Principalmente este nuevo decreto, proporciona las pautas para la regularización de las relaciones laborales vigentes del sector privado que no fueron correctamente registradas o bien, que no se hayan realizado. De este modo, se da la implementación del Sistema de Cese Laboral, uno de los puntos del cual se destacó en varias oportunidades.

Recomendamos la lectura completa de la Ley de Bases 27742, como del decreto 847/2024 y sus anexos I y II, ya que existen varios puntos importantes con grandes cambios en el ámbito laboral.

A continuación, les brindamos un resumen de algunos de los puntos que se destacan:

Blanqueo Laboral:

El empleador tendrá el beneficio de la condonación de deudas por capital e intereses, la extinción de la acción penal, la condonación de infracciones y sanciones, la baja del Registro de Sanciones Laborales (REPSAL). Los empleados, cualquiera sea su antigüedad y su salario, “sólo podrá tener acreditados hasta 5 años de aportes calculados sobre el monto del salario mínimo, vital y móvil, a los fines de reconocimiento para su jubilación“.

Existirá un porcentaje de condonación de la deuda que fuera determinada por la AFIP, que alcanza a todos los subsistemas de la Seguridad Social comprendidos, excepto para aquellos que se prevea un porcentaje diferente, así como al Régimen Nacional de Obras Sociales, es el siguiente:

a. Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: +90 %
b. Medianas Empresas, tramo 1 y tramo 2:  80 %
c. Demás empleadores: 70 %

A estos fines, los empleadores, con excepción de las entidades sin fines de lucro, deberán acreditar su condición con el “Certificado MIPyME” vigente a la fecha de adhesión al Régimen de Regularización.

El porcentaje de condonación de la deuda será del 100 % cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino al Régimen del Sistema Nacional del Seguro de Salud y de las cuotas destinadas al Régimen de Riesgos del Trabajo.

El goce de estos beneficios resultará procedente en la medida en que el empleador cancele la deuda bajo alguna de las siguientes modalidades:

a) Pago al contado, en las condiciones que establezca la AFIP, en cuyo caso la deuda de capital devengada hasta el 31 de julio de 2024 y de intereses devengada hasta la fecha de adhesión al Régimen de Regularización que no hubiera sido condonada se verá reducida en un (50 %), o

b) A través del Plan de Facilidades de Pago que, a estos fines, disponga la AFIP, estableciendo la cantidad máxima de cuotas, la tasa de interés de financiación y
el porcentaje del pago a cuenta a ingresar, según el tipo de sujeto al momento de la adhesión.

Implementación del Sistema de Cese Laboral:

Ofrece a los empleadores y empleados, la posibilidad de sustituir la indemnización por antigüedad prevista en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, como así también a cualquier otro rubro indemnizatorio cuyo cálculo tome como parámetro a la referida indemnización, la cual debe ser determinado con exactitud las causales bajo la cual debe abonarse una prestación dineraria al empleado al momento de desvincularse. Siempre el trato diferencial será en favor al empleado despedido sin justa causa. Además, se podrá contemplar la utilización de fondos de cese y/o la utilización de  seguros colectivos o individuales.

Trabajadores independientes con colaboradores:

Cualquier trabajador independiente, podrá contar con la colaboración de hasta 3 trabajadores independientes. Los mismos deberán estar inscriptos en el Régimen General de Impuestos y de los Recursos de la Seguridad Social u otro régimen que pudiera corresponder para el cumplimiento de esas obligaciones.

La relación entre el trabajador independiente y los trabajadores independientes colaboradores tendrá las siguientes características:

a) No se podrá limitar ni restringir la posibilidad de que el trabajador independiente colaborador realice actividades de forma simultánea. El trabajador independiente colaborador tendrá, además, la libertad de mantener simultáneamente contratos de colaboración, de trabajo o de provisión de servicios con otros contratantes.

b) Cualquiera de las partes podrán rescindir, en cualquier momento, el vínculo de colaboración.

c) El trabajador independiente no podrá mantener vigentes, en forma simultánea, contratos con más de (3) trabajadores independientes colaboradores bajo esta modalidad.

Por último, los trabajadores independientes podrán contar con un sistema de cobertura de accidentes personales.

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